En España, el mercado de los arrendamientos ha experimentado un notable crecimiento desde 2010. Por su parte, el porcentaje de ciudadanos que viven en régimen de propiedad ha menguado paulatinamente: hace diez años era del 79,8%, y en una década esa cifra se sitúa en el 75,1% (datos de Eurostat).
Como vemos, el alquiler va ganando terreno en nuestro país en detrimento de la propiedad. Y aunque estas cifras aún no alcanzan los indicadores de la eurozona -donde el 65,8% de los hogares están ocupados en propiedad y el 34,2% en alquiler a fecha de 2020- todo indica que en España la tendencia del mercado de la vivienda se orienta cada vez más hacia el arrendamiento. Lo expertos en este campo señalan que, como mínimo, se situará en la media de la eurozona en unos años.
Las causas que explican esta evolución son diversas: las dificultades de la población para reunir un ahorro inicial que facilite la financiación, la subida de los tipos de interés y el elevado coste de la vivienda son las más evidentes.
Sin embargo, también podemos hablar de un cambio cultural que cristaliza en una mayor preferencia de los jóvenes por la fórmula del alquiler. Tal y como señala el Instituto Nacional de Estadística, “a medida que los municipios son más grandes, también es más alta la proporción de hogares en régimen de alquiler”. De esta manera, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga (ciudades que superan el medio millón de habitantes) el porcentaje de hogares alquilados es del 22,8%.
Aunque a priori el acercamiento de España a la media europea en materia de alquiler es algo positivo, no podemos pasar por alto que eso entraña ciertos desafíos. La principal consecuencia es que, ante una demanda cada vez más creciente, las administraciones deben tomar medidas firmes para estimular una oferta que actualmente no alcanza para dar respuesta: se estima que hace falta introducir en el mercado 1,8 millones de viviendas en alquiler para alcanzar la media europea y equilibrar la balanza.
En este sentido, las opciones más realistas son las que tienen que ver con aportar seguridad a los propietarios, de manera que encuentren certidumbre e incentivos a la hora de decidir colocar su vivienda en el mercado del alquiler. De lo contrario, aplicar medidas intervencionistas como las que se han implementado en nuestro país recientemente comprime la oferta, incrementa los precios y tensa cada vez más un mercado que no quiere más que consolidarse en nuestro país como ya lo ha hecho en otros de la eurozona.
