El Parlament ha aprobado tramitar como ley un decreto para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, con el objetivo de evitar que se use esta modalidad para evitar el tope en los precios del alquiler residencial establecido tras la declaración de zonas tensionadas en Cataluña hace un año. Esta iniciativa es un acuerdo entre el Govern, ERC, Comuns y la CUP, y entrará en vigor antes del verano de 2025.
Contexto: la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas
En marzo de 2024, entró en vigor la Ley de Vivienda que establecía topes a los precios del alquiler. Cataluña fue la primera en declarar municipios como zona tensionada. Inicialmente fueron 140 y actualmente se han incorporado 131 municipios más, incluidas ciudades como Barcelona, Tarragona o Girona, donde se han establecido topes en los precios de alquiler.
Sin embargo, esta medida ha provocado efectos contrarios no deseados. La oferta de alquiler de larga estancia en Cataluña se ha reducido en casi 40.000 viviendas en un año, y se prevé que siga disminuyendo en más de 14.000 inmuebles durante este año, según datos del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.
La nueva regulación: objetivos y medidas
La regulación del alquiler temporal o de habitaciones busca abordar este problema. La nueva normativa establece que los alquileres temporales, como los que utilizan los estudiantes o trabajadores desplazados, estén sujetos al control de precios como ocurre con los arrendamientos de larga estancia. Solo los alquileres turísticos o recreativos estarán exentos de esta medida, debiendo acreditarse dichos fines en el contrato.
Además, el conjunto del alquiler por habitaciones no podrá superar este límite de precios, pudiendo llegar las sanciones hasta los 900.000 euros.
Repercusiones en Barcelona y otras ciudades
Esta medida tendrá un impacto significativo en Barcelona debido a un mayor uso del alquiler temporal de uso residencial por parte de estudiantes, trabajadores o familiares de pacientes que pasan solo unos meses en la ciudad. La medida busca que estos alojamientos sean asequibles y no se usen para fines turísticos que incrementen los precios de alquiler.
