Las capitales de las provincias de Vizcaya y Álava ya engrosan la lista de municipios donde se han declarado zonas de mercado tensionado del alquiler. La medida se aplica en Bilbao y Vitoria-Gasteiz, junto con las localidades de Astigarraga y Usurbil, ambas en Guipúzcoa, desde el pasado 31 de octubre, cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana formalizó la decisión.
Solicitar la declaración de zona tensionada es competencia de los Ayuntamientos, que pueden requerirlo para la totalidad de un municipio o solo para algunos barrios determinados. Sin embargo, son los Gobiernos autonómicos los que tienen que evaluar si aceptan o no la solicitud.
Así, fue el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco el que oficializó la declaración el jueves 30 de octubre, activando así las medidas previstas en la ley de vivienda para las zonas tensionadas, entre las que se encuentra el tope al alquiler en los nuevos contratos de arrendamiento.
Con esta última declaración, el 47,7% de la población del País Vasco reside ya en zonas tensionadas, aunque esta cifra previsiblemente subirá en los próximos meses, pues el Gobierno regional asegura que está tramitando ampliar esta medida a otras localidades como Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa, Hernani o Pasaia.
En esta misma comunidad autónoma, municipios como San Sebastián, Galdácano, Lasarte-Oria, Zumaia, Baracaldo, Irún y Rentería ya fueron consideradas zonas tensionadas en declaraciones anteriores.
Además del País Vasco, otras comunidades autónomas donde se han decretado zonas tensionadas desde la entrada en vigor de la ley de vivienda son Cataluña, que las aplica en más del 90% de su territorio; Navarra, done engloban un total de 21 municipios; y Galicia, que la aprobó para la ciudad de A Coruña. Además, otras localidades como Gijón, en Asturias, o Las Palmas, en Canarias, también lo solicitaron, aunque sus peticiones no han sido aceptadas por las autonomías competentes.
¿QUÉ IMPLICA LA DECLARACIÓN DE ZONA TENSIONADA?
La principal consecuencia de la aplicación de una zona tensionada en un territorio es el control de los precios del alquiler. En el caso de propietarios particulares que renuevan un contrato de arrendamiento, la ley de vivienda prohíbe subir el precio de la renta desde el último acuerdo.
Para los llamados grandes tenedores, que en las zonas tensionadas son aquellos que disponen de cinco o más inmuebles, y para las viviendas que salen al mercado por primera vez, los precios deberán fijarse en función del índice elaborado por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, esta herramienta solo es válida para las comunidades autónomas de régimen fiscal común, por lo que no se aplica en regiones como el País Vasco o Navarra, que todavía están en trámites para la creación de un instrumento propio.
