Dos años después de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), los resultados hablan por sí solos: el mercado del alquiler se encuentra más crítico que nunca, con una fuerte destrucción de la oferta, niveles de demanda inéditos y precios que alcanzan máximos históricos.
Según el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, el número de viviendas disponibles para alquilar ha disminuido en 120.000 inmuebles desde la aprobación de la ley. En paralelo, el número de interesados por vivienda en un plazo de 10 días se ha triplicado, superando los 100 por inmueble, y en lugares como Barcelona superando los 300.
El propietario, en el centro del debate
Este nuevo escenario ha generado un profundo cambio en la percepción de los propietarios, que han visto cómo la inseguridad jurídica y las medidas intervencionistas han alterado de raíz el equilibrio del mercado residencial. Como consecuencia directa, muchos han optado por retirar sus inmuebles del mercado del alquiler de larga duración, explorando otras alternativas como el arrendamiento de temporada o, en algunas ocasiones, simplemente cerrando sus viviendas.
A nivel nacional, el 14% de los inmuebles ya se ofertan como temporales. En ciudades como Barcelona esta cifra supera ya el 50%. Por su parte, el fenómeno de las viviendas vacías también ha ganado fuera: en la capital catalana, se ha multiplicado por ocho en apenas cuatro años.
Demanda desbordada, precios inasumibles
Mientras la oferta retrocede, la demanda se dispara. Hoy, cada piso en alquiler recibe 112 solicitudes en 10 días desde su publicación, frente a las 37 de antes de la ley. Esta competencia dificulta el acceso a los inquilinos.
Además, este desequilibrio se ha traducido en precios récord: el alquiler medio en España se sitúa en 1.146 euros, un 26,5% más que hace dos años. En territorios como Barcelona, Madrid o Baleares, la cifra supera los 1.500 euros.
Las zonas tensionadas agravan el problema
Las comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas, como Cataluña o País Vasco, han sufrido especialmente el impacto de la ley. En Barcelona, por ejemplo, el mercado ha perdido 28.000 viviendas, y la presión de la demanda ha alcanzado los 341 interesados por inmueble, liderando el ranking de precios a nivel nacional.
La vivienda pública, aún lejos de ser solución
Uno de los pilares de la ley de vivienda era el impulso de la vivienda social como solución estructural. Sin embargo, a día de hoy, solo el 3,4% del parque, responde a esta tipología, una cifra muy alejada del 8% de media en Europa. Además, buena parte de este crecimiento proviene de la incorporación de viviendas asequibles de titularidad privada y no de nueva construcción pública.
