En los últimos tres años el debate sobre la Ley de vivienda ha sido constante. Una legislación con la que el Gobierno quiere limitar los precios asegurando que es la única manera de facilitar el acceso de la población a la vivienda.
Sin embargo, la propuesta (aprobada en el Consejo de Ministros en febrero de 2022) está generando una gran controversia entre el Gobierno, sus socios y los partidos de la oposición. El texto recoge que los grandes propietarios acoten los precios a un índice de referencia en las zonas “tensionadas”, cuestiones (tanto el citado baremo, como la consideración de dichas áreas) que no se terminan de definir.
Aunque en un primer momento para los propietarios particulares solo se propusieron beneficios fiscales a cambio del control de la renta del arrendamiento, Unidas Podemos apuesta por endurecer la restricción, vinculando el precio de estas viviendas al índice de referencia. Una propuesta en la que el Gobierno aún no se ha posicionado.
Críticas a la ley
Desde la oposición y distintos colectivos empresariales, auguran una perspectiva incierta. Por un lado, la norma presenta retos de implementación:
- La necesidad de clasificar, encontrar y monitorear a los propietarios para distinguir entre grandes y pequeños para aplicarles reglas diferenciadas.
- Las autonomías pueden decidir si la aplican o no, y tendrán que coordinarla con normativas preexistentes en las distintas zonas.
- Por último, los retrasos del Gobierno y la falta de acuerdo han generado un clima de incertidumbre que afecta a propietarios e inquilinos y a sus decisiones respecto a vivienda.
El caso de Cataluña
Hasta la fecha, los mecanismos intervencionistas en esta línea han resultado fallidos. El mejor ejemplo es el caso de Cataluña, donde estas normativas han generado un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que ha motivado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado del alquiler, optando por otros modelos para rentabilizarlos o poniéndolas a la venta.
En contra de lo que el Govern perseguía, esta situación ha empeorado el acceso de la población a la vivienda, al reducirse la oferta hasta un 40%. Además, la limitación legal de los propietarios para subir el precio ha favorecido la proliferación de la economía sumergida.
Alternativas
Nuestra dilatada trayectoria y conocimiento en el mercado de los arrendamientos nos muestra como el mercado se acaba regulando por sí mismo siempre que no existan normativas restrictivas, ya que las medidas deben estar orientadas a la estimulación y no a la restricción. La construcción de nuevos inmuebles, los incentivos fiscales y la seguridad jurídica para los propietarios son acciones más realistas de cara a incrementar la oferta y, por ende, equilibrar los precios del alquiler.
Actualmente, a nivel nacional esta ley se encuentra en trámite por procedimiento de urgencia y la intención del Gobierno es sacarla adelante “antes de fin de año”.
