El mandato del actual Gobierno comenzó con varias promesas que supondrían, en teoría, cambios de gran calado socioeconómico en nuestro país. Podríamos decir que el tema de la vivienda era la joya de la corona en este sentido.
Abordar la crisis habitacional que atraviesa España desde hace años (sobre todo en los núcleos urbanos más habitados) se convertiría entonces en el principal quebradero de cabeza para el Ejecutivo, debido a la complejidad del fenómeno, la coyuntura de la pandemia y su consiguiente crisis y a la falta de acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Como resultado, un vaivén de propuestas y leyes que han puesto de manifiesto el caminar errático que ha tenido el Gobierno de cara a encontrar una solución que, finalmente, no ha llegado.
Los intentos comenzaron en julio de 2018, con varias propuestas: por un lado, ampliar los contratos de alquiler de 3 a 5 años y limitar las garantías adicionales que los propietarios podían exigir a los inquilinos. Además, el Gobierno se comprometía a construir 20.000 viviendas públicas para alquiler, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido.
A finales de ese mismo año, en diciembre de 2018, estos planteamientos se materializan por Decreto Ley, estableciendo los contratos en 5 años, fijando la prohibición de exigir avales y limitando la fianza a un mes como máximo.
A pesar de esta formalización, en enero de 2019 y habiendo transcurrido tan sólo 35 días, la norma queda anulada.
Pasados dos meses, en marzo de ese mismo año, la actualización de las rentas del alquiler queda limitada al incremento del IPC, los contratos vuelven a fijarse en 5 años y se establece que, como mucho, sólo podrán exigirse dos meses en concepto de garantías adicionales.
En febrero de 2020 aparece formalmente la propuesta de limitar los precios mediante un índice. Sin embargo, dicho indicador no llega a especificarse.
Pasado un mes, en marzo de 2020, se determina paralizar los desahucios como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en la que ya nos encontrábamos inmersos.
En diciembre de ese mismo año, a la suspensión de los desahucios se suma la paralización del corte de suministros.
Apenas un año más tarde, en noviembre de 2021, se aprueba en Consejo de Ministros una nueva Ley de Vivienda que incluye tope al precio del alquiler, bonos para jóvenes, para pequeños propietarios y medidas destinadas al parque de vivienda de alquiler social.
En marzo de 2022 la actualización de las rentas queda limitada al IGC del 2% como consecuencia de las medidas por la Guerra de Ucrania. Es decir, desde entonces los propietarios sólo podrían subir el alquiler a sus inquilinos lo equivalente, como máximo, a ese porcentaje.
Mientras tanto, la concreción de una Ley de Vivienda general que “garantice el acceso de la población a una vivienda digna” sigue atascada por la falta de consenso entre las partes implicadas en su aprobación.
Finalmente, en marzo de este año, EH-Bildu y Esquerra Republicana llegaban a un acuerdo tras negociar con el Gobierno y presentaban en rueda de prensa las medidas que contendría la Ley. Entre ellas encontramos redefinición de áreas tensionadas, de grandes tenedores, el mantenimiento del límite en las subidas de las rentas, mecanismos para evitar/alargar los procesos de desahucio… en definitiva, un paquete de medidas marcado por un alto grado de intervencionismo y una notable falta de seguridad jurídica para los propietarios. Actualmente, la Ley se encuentra en trámite para su aprobación final. De forma paralela, Pedro Sánchez retoma el compromiso de construcción de vivienda pública, promesa que como hemos visto ya formuló al comienzo de la legislatura y que, hasta ahora, no se ha materializado.
Lejos de solucionar el problema de la vivienda, esta norma supone otra gran embestida para la maltrecha oferta del alquiler en nuestro país. Por tanto, no se espera una mejora de la situación sino un mayor desequilibrio entre la oferta y la demanda de este mercado.
